La lucha contra el blanqueo de capitales y las actividades financieras ilícitas se ha convertido en una prioridad ineludible. ¿Sabías que las alertas en España por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) se dispararon un 51% entre 2020 y 2021 respecto al año anterior?

En este contexto, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también conocido como Financial Action Task Force (FATF), ocupan un lugar central en la agenda de todas las empresas y organizaciones relacionadas con el sector financiero.

Desde su establecimiento en 1989, este ente intergubernamental ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estándares globales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros riesgos financieros cruciales.

En este artículo, veremos a fondo qué son las recomendaciones GAFI, si su cumplimiento es obligatorio y cómo se pueden llevar a cabo de manera efectiva. 

Comprender estas directrices es esencial para garantizar la integridad y la seguridad en las operaciones financieras, y para contribuir a la estabilidad del sistema financiero a nivel internacional. ¿Listo?

Qué es el GAFI o FATF

El Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por su acrónimo GAFI o por sus siglas en inglés, FATF (Financial Action Task Force), es una destacada organización intergubernamental y un influyente «órgano de formulación de políticas». Su principal enfoque es generar la voluntad política necesaria para impulsar reformas legislativas y reguladoras a nivel nacional, especialmente en el ámbito del blanqueo de capitales y actividades financieras ilícitas.

Pues sí, el objetivo primordial del GAFI radica en establecer normas y promover la implementación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas que tengan como finalidad contrarrestar el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas que afecten la integridad del sistema financiero internacional.

Inicialmente, el GAFI fue promovido por los Ministerios y organismos jurisdiccionales de los estados miembros, que en su origen eran los del G8, pero que actualmente se extienden a un total de 39 jurisdicciones y dos organizaciones internacionales miembro: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes. Además, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional son miembros participantes en esta institución. 

Es relevante señalar que el GAFI colabora estrechamente con otras organizaciones internacionales que comparten su objetivo, como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales (MONEYVAL) y la APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering).

El organismo ejerce una supervisión constante sobre los estados miembros para asegurar la implementación efectiva de las 40 recomendaciones actuales y emite requerimientos a aquellos que no cumplen con sus estándares, ya sea debido a la inacción de sus gobiernos en la incorporación de las recomendaciones GAFI en sus regulaciones locales o a las empresas que no cumplen con las normativas de los países que sí han adoptado adecuadamente estas pautas.

¿Qué son las recomendaciones GAFI?

Las recomendaciones GAFI, aunque no son técnicamente de cumplimiento obligatorio en el sentido legal, poseen una autoridad significativa en el mundo financiero y son ampliamente adoptadas y respetadas a nivel internacional.

Estas 40 recomendaciones son consideradas como un conjunto de estándares y mejores prácticas en la prevención y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Si bien no existe una obligación legal vinculante para que los países y las empresas las cumplan de manera literal, la no implementación de estas recomendaciones puede tener consecuencias graves

Los países que no adoptan medidas adecuadas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pueden ser objeto de sanciones financieras internacionales, lo que puede tener un impacto negativo en su acceso a los mercados internacionales y a las relaciones comerciales y financieras con otros países.

Además, muchas jurisdicciones han incorporado las recomendaciones del GAFI en su legislación nacional y han establecido regulaciones y requisitos específicos basados en estas recomendaciones. Las instituciones financieras y las empresas que operan en estos países están legalmente obligadas a cumplir con estas regulaciones, lo que a su vez implica la implementación de las recomendaciones del GAFI.

Los países y las empresas que deseen operar en el mercado global generalmente tienen un fuerte incentivo para cumplir con estas recomendaciones y adaptar sus prácticas y políticas a los estándares internacionales establecidos por el GAFI. 

Aquí te dejamos un pequeño resumen de las 40 recomendaciones GAFI:

  • Identificación del cliente: Las instituciones financieras deben conocer bien a quienes son sus clientes y verificar sus identidades antes de brindarles servicios financieros.
  • Seguimiento de transacciones: Las instituciones financieras deben supervisar las actividades financieras de sus clientes y alertar a las autoridades si notan movimientos sospechosos.
  • Debida diligencia mejorada: Se deben tomar medidas adicionales de precaución cuando se trata de clientes que representan un riesgo elevado, como personas políticamente expuestas.
  • Conocimiento del cliente: Las instituciones financieras deben entender quiénes son sus clientes y cómo operan sus negocios para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilegales.
  • Reporte de actividades sospechosas: Las instituciones financieras deben comunicar a las autoridades cualquier actividad que les parezca inusual o sospechosa.
  • Cooperación internacional: Los países miembros deben colaborar entre sí y con otras autoridades en todo el mundo para abordar el problema del lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel global.

¿Las recomendaciones GAFI son de cumplimiento obligatorio?

Sí, el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI es un requisito legal fundamental. Si tu negocio opera en cualquiera de los 39 países que siguen los estándares del GAFI, estás legalmente obligado a cumplir con las 40 recomendaciones, ya que estas normativas han sido incorporadas a las leyes nacionales y se requiere su implementación.

Sin embargo, no se limita únicamente a esos 39 países, ya que más de 200 jurisdicciones en todo el mundo han implementado medidas contra las empresas que no cumplen con las normativas de prevención del blanqueo de capitales. Esto significa que, independientemente de dónde opere tu empresa, es fundamental estar al tanto y cumplir con las regulaciones AML (Anti-Money Laundering) en cada mercado en el que estés presente.

Ejemplos de países que aplican estrictas regulaciones AML incluyen México, Andorra, Mónaco y República Checa, entre otros. Cumplir con las recomendaciones del GAFI no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino también de adoptar una estrategia sólida de gestión de riesgos y prevención del fraude. Esto contribuye al crecimiento y al buen funcionamiento de cualquier negocio, por lo que es esencial considerarlas como una parte integral de las operaciones comerciales en todos los casos. Ignorar estas regulaciones puede tener graves consecuencias legales y financieras para las empresas.

Cómo se cumple con las recomendaciones GAFI

Las recomendaciones del GAFI tienen un alcance global, afectando a personas físicas y jurídicas en diversas jurisdicciones. Sin embargo, ciertas industrias y tipos de actividades se ven más directamente impactados por estas recomendaciones debido a sus operaciones y dinámicas específicas. Las áreas de negocios más afectadas por las regulaciones del GAFI incluyen:

  • Servicios de inversión y gestión financiera.
  • Instituciones bancarias y empresas fintech.
  • Sectores de seguros y ahorros.
  • Plataformas de criptomonedas y trading.
  • Bienes raíces y el mercado inmobiliario.
  • Firmas de auditoría y consultoría.
  • Industria del juego y apuestas online.

El GAFI ha desarrollado una metodología completa para analizar y evaluar el cumplimiento de sus estándares por parte de empresas y estados. Este proceso de evaluación puede ser llevado a cabo tanto por el propio organismo como de manera voluntaria por las empresas, lo que les permite identificar áreas de mejora y adaptar sus operaciones para cumplir con las recomendaciones.

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